Los
recursos serán utilizados para la construcción del rastro municipal
El Congreso
del Estado autorizó al Ayuntamiento de Mazatlán gestionar y contratar crédito hasta
por cuarenta millones de pesos que serán destinados a la edificación y
construcción de un Rastro Municipal Tipo
TIF, sobre un terreno propiedad del Ayuntamiento de Mazatlán, ubicado en el
margen izquierdo de la Carretera
Internacional entronque con Vainillo, al sur de la ciudad puerto.
De acuerdo al
dictamen aprobado por el Pleno, las autoridades municipales deberán de
gestionar y contratar dicho empréstito ante la institución financiera que
mejores condiciones de mercado ofrezca.
Cabe
destacar, que hace algunos meses, el Congreso había autorizado al ayuntamiento
la contratación de dicho crédito, sin embargo, el trámite se tuvo que revocar e
iniciar con una nueva solicitud, toda vez que fue necesario modificar los
plazos para su pago y el establecimiento de garantías.
Durante la
sesión extraordinaria de este jueves, se le dio primera lectura a la iniciativa
de la diputada Irma Leticia Tirado Sandoval (PRI), en la que propone reformar y
adicionar diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Congreso del Estado,
para definir funciones y atribuciones de la Unidad de Acceso a la Información
Pública del Congreso del Estado, precisa que las reformas, tanto a nivel federal
como estatal, buscan establecer las bases de la información de interés público
y cual se debe difundir proactivamente, de ahí que dentro de las llamadas
obligaciones de trasparencia se encuentran las de poner a disposición de los
particulares la información relacionada con sus facultades, atribuciones,
funciones u objeto social en su portal de internet y en la Plataforma Nacional
Digital, así como su actualización permanente.
Posteriormente,
se dio trámite a la iniciativa del diputado Efrén Lerma Herrera (PRD), en la
que propone reformas a los artículos 59 y 60 de la Ley de Agua Potable y
Alcantarillado del Estado de Sinaloa, para que sólo en casos de excepción podrá
el Legislativo autorizar tarifas a las Juntas de Agua Potable, toda vez que
precisa que los aumentos ya están insertos en la citada ley, “por lo que solo
en casos de excepción, y bajo un minucioso estudio, esta Soberanía podrá
autorizar el aumento en las tarifas, porque de acuerdo a la ley vigente, esos incrementos ya vienen señalados y no deben
ser superiores a lo que señala el Índice Nacional de precios al Consumidor”.
Enseguida, se
le dio lectura a la iniciativa de los integrante del grupos parlamentario del
PAS, para adicionar el artículo 13 Bis A, a la Constitución Política del Estado
de Sinaloa, con el objetivo de garantizar autonomía de pueblos y comunidades
indígenas, así como la implementación de un Organismo Público y un Consejo
conformado por autoridades tradicionales y organizaciones sociales que trabajen
con las comunidades indígenas en la entidad.
Por otra
parte, se dio primera lectura a la iniciativa de reforma al Artículo 2 de la
Constitución Local propuesta por el diputado Misael Sánchez Sánchez (PVEM), a
fin de insertar “el respeto a la vida en
todas sus manifestaciones”, en la que señala que la protección a la vida no
sólo debe entenderse con relación al hombre, sino, a todo aquello en que se
reproduzca la vida; la naturaleza, donde se reproduce y realiza la vida, tiene
derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento, y
regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos
evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la
autoridad el cumplimiento de los derechos a la naturaleza; los seres vivos
tienen el mismo derecho a existir, a desarrollarse y a expresase con autonomía,
merecen respeto a tener el mismo valor”.
Otra de las
iniciativas presentadas al Pleno, fue la de la diputada Irma Tirado Sandoval
(PRI), para reformar y adicionar diversas disposiciones al Código Civil para el
Estado de Sinaloa, con el objeto de otorgar mayor certeza jurídica al contrato
de arrendamiento, incorporando la obligación del arrendador de entregar el
inmueble al arrendatario al corriente en el pago de los servicios públicos
básicos y esenciales vinculados al mismo, así como la obligación por parte del
arrendatario de realizar el pago de los servicios públicos básicos y esenciales
vinculados a la finca arrendada que consuma durante el arrendamiento, propone
establecer como una causal más para que el arrendador pueda exigir la rescisión
del contrato de arrendamiento por la falta de pago de dos meses consecutivos
sin causa justificada de los servicios públicos básicos y esenciales vinculados
a la finca otorgada en arrendamiento.
Los diputados
conocieron la iniciativa de la diputada Tania Morgan Navarrete (PAN), en la que
propone la adición de un tercero y cuarto párrafo al artículo 117 de la
Constitución local, para que la elección de los regidores por el principio de
mayoría relativa se realice a través de la delimitación de demarcaciones
municipales en Sinaloa, “por consecuencia, la demarcación territorial de los municipios para la elección de regidores
será determinada tomando en consideración la que resulte de dividir la
población total del municipio, entre el
número de regidurías a elegir, considerando regiones geográficas del
municipio”, se lee en la iniciativa.
Más adelante,
de dio lectura a la iniciativa de la diputada Emma Karina Millán Bueno (PRI), para
reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,
relacionada a la violencia de género, con la cual pretende fortalecer la
medición de la eficacia de las órdenes de protección planteando que en el Banco
Estatal de Datos e Información Sobre Casos de Violencia Contra las Mujeres se
registren dichas ordenes debiendo prevalecer una coordinación entre el
ISMUJERES, Fiscalía General del Estado y Poder Judicial para tales efectos,
plantea establecer como un derecho preferencial de las mujeres víctimas de
violencia en cuanto a su atención, cuando estas estén embarazadas, tengan
alguna discapacidad, sean menores de edad, tengan calidad de migrantes,
pertenezcan a un grupo indígena o se encuentren en cualquier situación por la
cual se les considere vulnerables.
Asimismo, se
le dio lectura a la iniciativa del diputado Carlos Castaños Valenzuela (PAN),
en la que propone reformar y derogar diversas disposiciones de la Constitución
de Sinaloa, a fin de garantizar el interés superior de la niñez, toda vez que
con la actual redacción de una parte del articulado no se tiene un carácter
vinculante directo e inmediato, lo cual pone en riesgo la interpretación
constitucional, por ello se proponen establecer una base, para confirmar
mecanismos o instancias de coordinación de protección de los derechos de la
infancia y la adolescencia y su relación con los diferentes sectores y órdenes
de gobierno encargados de garantizar el cumplimiento de los derechos previstos
por la Constitución.
Posteriormente,
el Pleno conoció la iniciativa de la diputada Irma Tirado Sandoval (PRI), para
reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia y Ley para Prevenir y Atender la Violencia Familiar,
ambas del Estado de Sinaloa, en la que propone fortalecer el catálogo de
derechos de las mujeres que son víctimas de cualquier tipo y modalidad de
violencia. En las que se establece que la víctima no será obligada a participar
en mecanismos de conciliación con su agresor, entre otras.
Otra
iniciativa que conocieron los diputados, fue la presentada por la diputada Emma
Karina Millán Bueno (PRI), sobre reformas a diversas disposiciones del Código
Familiar y de la Ley para Prevenir y Atender la Violencia Familiar, ambos textos,
del Estado de Sinaloa, con el objetivo de modificar supuestos de impedimento
para contraer matrimonio, adicionando la violencia física, sexual, económica
patrimonial y psicológica a dicho catálogo, y derogando el rapto como causal de
impedimento. Asimismo, se hace una actualización conforme a la nueva
denominación de la Ley para Prevenir y Atender la Violencia Familiar del Estado
y del Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar,
se adiciona la violencia patrimonial como tipo de violencia reconocido por el
Código Familia, y se crea un capitulo denominado de las Órdenes de Protección
dentro del título relativo a la violencia familiar, entre otras propuestas.
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