Durante la sesión ordinaria de este martes, el Congreso del Estado conoció la iniciativa de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán en la que en apego a la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa, solicita autorización para actualizar sus tarifas de consumo en un 3.31 por ciento, conforme al porcentaje inflacionario según el Índice Nacional de Precios al Consumidor.
Posteriormente, se dio lectura a la iniciativa presentada por los integrantes del grupo parlamentario del PAS, en la que proponen reformar diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que tiene por objeto regular la accesibilidad web “los cuales no son claros ni específicos en las pautas y normas que se deben de seguir para que un portal web sea accesible; es decir, que personas con algún tipo de discapacidad puedan hacer uso de los portales, páginas y sitios web de cualquier rama para acceder a la información”. Por lo que consideran necesario que se debe de contar con un diseño web que va a permitir que las personas puedan percibir, entender, navegar e interactuar con la web, que mediante éste los sujetos obligados por esta legislación, garanticen el derecho de acceso a la información de las personas con discapacidad.
Más adelante, tuvo primera lectura la iniciativa del diputado Marco Antonio Osuna Moreno (PRI), para que se adicionen los artículos 58 Bis y 58 Bis A, al Código Penal para el Estado de Sinaloa, con el propósito de establecer que la pena de prisión deje de surtir sus efectos al momento en que la autoridad ejecutora la dé por cumplida, sea por compurgación total o por obtención de beneficios, y se informe de ello, mediante oficio, a las autoridades que hayan tenido conocimiento de tal situación; lo que permita restituir los derechos suspendidos y cancelar el registro para efectos de la emisión de la constancia de antecedentes penales.
Asimismo, dispone los supuestos por los cuales se podrá extender la constancia de antecedentes penales. Lo anterior, como una necesidad de privilegiar el derecho a la reinserción social efectiva como un derecho que permita a las personas que han egresado de p risión tras haber cumplido su sentencia no sean estigmatizadas y tengan la oportunidad de vivir en igualdad.
Otra iniciativa atendida por el Pleno, fue la presentada por el diputado Efrén Lerma Herrera (PRD), para que se expida Ley para la Atención y Protección de las Personas Desplazadas por la Violencia del Estado de Sinaloa, con la cual busca atender y proteger a las personas que la violencia desplace de sus lugares de origen, menciona que para la aplicación de esta ley, los poderes públicos atenderán los principios rectores del desplazamiento interno, reconocidos en el régimen internacional en materia de derechos humanos, brindándoles la interpretación más amplia, de conformidad con el artículo Primero de la Carta Magna. Este proyecto de Ley consta de 49 Artículos Naturales y 2 Artículos Transitorios.
Enseguida, se dio lectura a la iniciativa presentada por los ciudadanos Omar Luque Camargo y José Carlos Contreras Gerardo, en la que proponen la expedición de la Ley de Fomento a las Actividades de Sociedad Civil del Estado de Sinaloa, con la que se pretende promover la creación, organización y participación en asuntos públicos de las organizaciones de la sociedad civil, además de fomentar las actividades que realizan las organizaciones de la sociedad civil como actores de cambio para la transformación social. Así como mejorar las relaciones gobierno y organizaciones de la sociedad civil con procedimientos transparentes de asignación y uso fondos públicos mismas que se encuentren constituidas de acuerdo a las leyes federales y de nuestra entidad federativa y que realicen las actividades señaladas en el artículo 5 de esta ley, el proyecto de ley consta de 23 Naturales y 2 Artículos Transitorios.
Por otra parte, los diputados conocieron la iniciativa presentada por el diputada Zenén Aarón Xóchihua Enciso (PAN), con la que busca reformas a la ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, con las que se adiciona un Capítulo XVI, denominado “DE LOS DERECHOS POR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE OBRA PÚBLICA DIRECTA”, al Título Tercero “DE LOS DERECHOS POR LA PESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS”, conoció el Pleno de la LXII Legislatura.
Propuesta que va encaminada con visión integral y por ello derivado de conformación del sistema Estatal y Municipal en donde la Auditoría Superior del Estado asume nuevas responsabilidades, entre ellas, la creación de dos nuevas áreas que permitan la debida aplicación de las disposiciones en materia de responsabilidades administrativas, mediante la integración a su organigrama de un área investigadora y otra sustanciadora para deslindar responsabilidades administrativas, permitirá contar con suficiencia presupuestal para hacer frente a la exigencia d conformar políticas públicas para identificar, prevenir y erradicar malas prácticas, en este caso, ampliar el universo y cobertura de la obra pública estatal y municipal a auditarse, que se traduzca en mejores resultados, una mayor trasparencia y apego irrestricto a su marco normativo.
En Asuntos Generales, el diputado Carlos Castaños Valenzuela (PAN), hizo uso de la voz para pedir que se apresure el proceso con el que se elegirá al Consejo de Selección del Comité Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción, toda vez que se trata de un tema de suma importancia y urgencia, que no debe continuar retrasándose. Para el mismo tema el diputado Carlos Montenegro Verdugo (PRI), dijo que hay un total de 23 aspirantes a ocupar dicho cargo, y que será en días próximos cuando acudan ante comisiones unidas para presentar su plan de trabajo y de ahí realizar la elección, por lo que pidió no descalificar el proceso ya que el compromiso es frontal contra la corrupción.
Posteriormente, el diputado Juan Pablo Yamuni (PAN), presentó un posicionamiento sobre transparencia y archivos públicos, señaló que dichos archivos sirven para que el ciudadano como fuente de información, por lo que presentó iniciativa tendiente a resguardo de documentos, actualmente en archivos administrativos, porque la base de la transparencia es el archivo, si no se cuenta con ello, la transparencia está sobre bases endebles.
En su oportunidad, el diputado Roberto Cruz Castro (PAN), demandó mayor apoyo a los microcréditos, toda vez que se trata de un tema que ayuda de manera integral combate al desempleo en todos los sectores de la sociedad, mientras que el diputado Aarón Rivas Loaiza (PRI), dijo estar atento al programa de créditos autorizado por el Congreso consta de 135 millones del presupuesto en 2017 y que sin precedente la Secretaría de Desarrollo cuenta con 500 millones para créditos, que van desde 5 mil pesos a 5 millones con tasas de interés muy bajas, por lo que negó que el programa se esté prostituyendo.
Por otra parte, la diputada Francisca Henríquez Ayón (PAN), habló en tribuna sobre una reunión contra las adicciones realizada en Mazatlán en la que el titular de la secretaría de Salud en Sinaloa, Alfredo Román Mesina, dio a conocer cifras importantes sobre tabaquismo, alcoholismo, consumo de opio y otras sustancias que preocupan de manera importante, por lo que se acordó reforzar la supervisión de los centros de tratamiento apegados para que solo operen aquellos que cumplan con las normas oficiales, por lo que reiteró la urgencia de implementar acciones tendientes a reducir las cifras de perdida de vida a causa de alguna adicción.
En otro tema, el diputado Andrés Félix Zavala (PRI), destacó la apatía que existe entre la juventud por participar en la política a pesar de ser un porcentaje mayoritario en lo que a población se refiere, dijo que la indiferencia en la juventud es notable y con ello el desafío de la sociedad por incluirla. El reto hacia ellos, es insertarlos en acciones incluyentes para su desarrollo, crear espacios para la juventud y darles certidumbre para el desarrollo social, porque es la base para el avance.
Otro de los asuntos abordados en tribuna, fue el Punto de Acuerdo presentado por la diputada Merary Villegas Sánchez (MORENA), en el que pidió al Ejecutivo se incluya en el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2018, una partida para cubrir el pago de 17 días de gratificación a jubilados del COBAES, el cual fue turnado a la Comisión de Hacienda Pública y Administración para su valoración.
Mientras tanto, el diputado Crecenciano Espericueta Rodríguez (PANAL), hizo uso de la voz para asentar que el magisterio no recibe la paga, a pesar de que acuden de manera puntual a realizar su labor, por lo que urgió a las autoridades estatales y federales a cubrir de mejor manera sus sueldos.
Finalmente, el presidente de la Mesa Directiva citó a sesión pública extraordinaria para este miércoles 1 de noviembre, a la hora de Reglamento.
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