Aprueba LXII Legislatura contratación de empréstito al ayuntamiento de Mazatlán

  Los recursos serán utilizados para la construcción del rastro municipal

El Congreso del Estado autorizó al Ayuntamiento de Mazatlán gestionar y contratar crédito hasta por cuarenta millones de pesos que serán destinados a la edificación y construcción de un  Rastro Municipal Tipo TIF, sobre un terreno propiedad del Ayuntamiento de Mazatlán, ubicado en el margen izquierdo  de la Carretera Internacional entronque con Vainillo, al sur de la ciudad puerto.

De acuerdo al dictamen aprobado por el Pleno, las autoridades municipales deberán de gestionar y contratar dicho empréstito ante la institución financiera que mejores condiciones de mercado ofrezca.

Cabe destacar, que hace algunos meses, el Congreso había autorizado al ayuntamiento la contratación de dicho crédito, sin embargo, el trámite se tuvo que revocar e iniciar con una nueva solicitud, toda vez que fue necesario modificar los plazos para su pago y el establecimiento de garantías.

Durante la sesión extraordinaria de este jueves, se le dio primera lectura a la iniciativa de la diputada Irma Leticia Tirado Sandoval (PRI), en la que propone reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Congreso del Estado, para definir funciones y atribuciones de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Congreso del Estado, precisa que las reformas, tanto a nivel federal como estatal, buscan establecer las bases de la información de interés público y cual se debe difundir proactivamente, de ahí que dentro de las llamadas obligaciones de trasparencia se encuentran las de poner a disposición de los particulares la información relacionada con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social en su portal de internet y en la Plataforma Nacional Digital, así como su actualización permanente.

Posteriormente, se dio trámite a la iniciativa del diputado Efrén Lerma Herrera (PRD), en la que propone reformas a los artículos 59 y 60 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa, para que sólo en casos de excepción podrá el Legislativo autorizar tarifas a las Juntas de Agua Potable, toda vez que precisa que los aumentos ya están insertos en la citada ley, “por lo que solo en casos de excepción, y bajo un minucioso estudio, esta Soberanía podrá autorizar el aumento en las tarifas, porque de acuerdo a la ley vigente,  esos incrementos ya vienen señalados y no deben ser superiores a lo que señala el Índice Nacional de precios al Consumidor”.

Enseguida, se le dio lectura a la iniciativa de los integrante del grupos parlamentario del PAS, para adicionar el artículo 13 Bis A, a la Constitución Política del Estado de Sinaloa, con el objetivo de garantizar autonomía de pueblos y comunidades indígenas, así como la implementación de un Organismo Público y un Consejo conformado por autoridades tradicionales y organizaciones sociales que trabajen con las comunidades indígenas en la entidad.

Por otra parte, se dio primera lectura a la iniciativa de reforma al Artículo 2 de la Constitución Local propuesta por el diputado Misael Sánchez Sánchez (PVEM), a fin de insertar  “el respeto a la vida en todas sus manifestaciones”, en la que señala que la protección a la vida no sólo debe entenderse con relación al hombre, sino, a todo aquello en que se reproduzca la vida; la naturaleza, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento, y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad el cumplimiento de los derechos a la naturaleza; los seres vivos tienen el mismo derecho a existir, a desarrollarse y a expresase con autonomía, merecen respeto a tener el mismo valor”.

Otra de las iniciativas presentadas al Pleno, fue la de la diputada Irma Tirado Sandoval (PRI), para reformar y adicionar diversas disposiciones al Código Civil para el Estado de Sinaloa, con el objeto de otorgar mayor certeza jurídica al contrato de arrendamiento, incorporando la obligación del arrendador de entregar el inmueble al arrendatario al corriente en el pago de los servicios públicos básicos y esenciales vinculados al mismo, así como la obligación por parte del arrendatario de realizar el pago de los servicios públicos básicos y esenciales vinculados a la finca arrendada que consuma durante el arrendamiento, propone establecer como una causal más para que el arrendador pueda exigir la rescisión del contrato de arrendamiento por la falta de pago de dos meses consecutivos sin causa justificada de los servicios públicos básicos y esenciales vinculados a la finca otorgada en arrendamiento.

Los diputados conocieron la iniciativa de la diputada Tania Morgan Navarrete (PAN), en la que propone la adición de un tercero y cuarto párrafo al artículo 117 de la Constitución local, para que la elección de los regidores por el principio de mayoría relativa se realice a través de la delimitación de demarcaciones municipales en Sinaloa, “por consecuencia, la demarcación territorial de  los municipios para la elección de regidores será determinada tomando en consideración la que resulte de dividir la población total del  municipio, entre el número de regidurías a elegir, considerando regiones geográficas del municipio”, se lee en la iniciativa.

Más adelante, de dio lectura a la iniciativa de la diputada Emma Karina Millán Bueno (PRI), para reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, relacionada a la violencia de género, con la cual pretende fortalecer la medición de la eficacia de las órdenes de protección planteando que en el Banco Estatal de Datos e Información Sobre Casos de Violencia Contra las Mujeres se registren dichas ordenes debiendo prevalecer una coordinación entre el ISMUJERES, Fiscalía General del Estado y Poder Judicial para tales efectos, plantea establecer como un derecho preferencial de las mujeres víctimas de violencia en cuanto a su atención, cuando estas estén embarazadas, tengan alguna discapacidad, sean menores de edad, tengan calidad de migrantes, pertenezcan a un grupo indígena o se encuentren en cualquier situación por la cual se les considere vulnerables.

Asimismo, se le dio lectura a la iniciativa del diputado Carlos Castaños Valenzuela (PAN), en la que propone reformar y derogar diversas disposiciones de la Constitución de Sinaloa, a fin de garantizar el interés superior de la niñez, toda vez que con la actual redacción de una parte del articulado no se tiene un carácter vinculante directo e inmediato, lo cual pone en riesgo la interpretación constitucional, por ello se proponen establecer una base, para confirmar mecanismos o instancias de coordinación de protección de los derechos de la infancia y la adolescencia y su relación con los diferentes sectores y órdenes de gobierno encargados de garantizar el cumplimiento de los derechos previstos por la Constitución.

Posteriormente, el Pleno conoció la iniciativa de la diputada Irma Tirado Sandoval (PRI), para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y Ley para Prevenir y Atender la Violencia Familiar, ambas del Estado de Sinaloa, en la que propone fortalecer el catálogo de derechos de las mujeres que son víctimas de cualquier tipo y modalidad de violencia. En las que se establece que la víctima no será obligada a participar en mecanismos de conciliación con su agresor, entre otras.

Otra iniciativa que conocieron los diputados, fue la presentada por la diputada Emma Karina Millán Bueno (PRI), sobre reformas a diversas disposiciones del Código Familiar y de la Ley para Prevenir y Atender la Violencia Familiar, ambos textos, del Estado de Sinaloa, con el objetivo de modificar supuestos de impedimento para contraer matrimonio, adicionando la violencia física, sexual, económica patrimonial y psicológica a dicho catálogo, y derogando el rapto como causal de impedimento. Asimismo, se hace una actualización conforme a la nueva denominación de la Ley para Prevenir y Atender la Violencia Familiar del Estado y del Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar, se adiciona la violencia patrimonial como tipo de violencia reconocido por el Código Familia, y se crea un capitulo denominado de las Órdenes de Protección dentro del título relativo a la violencia familiar, entre otras propuestas.