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Durante la sesión de este
martes, los diputados conocieron siete iniciativas y dos dictámenes.
El Pleno de
la LXII Legislatura conoció un total de siete iniciativas y dos dictámenes para
reformar o adicionar diversas disposiciones legales del marco jurídico de la
entidad.
En primera
instancia, recibió lectura la iniciativa de la diputada Maribel Chollet Morán
(PRI), en la que propone modificaciones en la Ley de Desarrollo Urbano del
Estado de Sinaloa, para que se les otorgue autonomía a los Institutos de Planeación
Municipal una vez que se encuentren instituidos de manera formal en todo el
Estado, y que puedan ser coadyuvantes para la planeación, programación e
investigación en materia de desarrollo urbano cuando así lo considere
pertinente, en tanto que los municipios que tengan decretada una zona conurbada, podrán crear, previa
autorización de sus respectivos ayuntamientos, un Instituto municipal
Metropolitano de Planeación Urbano y del Territorio, entre otras reformas.
Posteriormente,
recibió trámite la iniciativa del diputado Tomás Amador Carrasco (PRI), en la
que propone adicionar un segundo párrafo al artículo 20 de la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, con la que se
pretende dotar de facultades permanentes al Consejo General del Instituto
Electoral del Estado de Sinaloa para realizar ajustes necesarios a plazos
establecidos en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado
de Sinaloa
Enseguida, se
dio primera lectura a la propuesta de adición de un artículo 232 Bis al Código
Familiar para el Estado de Sinaloa, que realizó el diputado Misael Sánchez
Sánchez (PVEM), y que tiene como propósito insertar la alienación parental como
violencia familiar y de este modo se pueda sancionar al familiar que transforme
la conciencia de un menor de edad, con el objeto de impedir, obstaculizar o
destruir sus vínculos con sus progenitores o abuelos.
Más adelante,
se el Pleno conoció la iniciativa presentada por los diputados integrantes del
Partido Sinaloense, para reformar diversas disposiciones de la Ley para
Prevenir y Atender la Violencia Intrafamiliar y, de la Ley de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ambas del Estado de Sinaloa, regular las
órdenes de protección, a fin de insertar en ambos ordenamientos se regulen las
órdenes de protección.
Otra
iniciativa a la que se le dio primera lectura y que fue presentada por los
diputados del Partido Sinaloense, es la relacionada con reformar la fracción X
del artículo 79 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, en relación con las
facultades de la Diputación Permanente, con la que se pretende otorgar
jurisdicción a ese órgano para que pueda llamar y tomar protesta a Diputados
Suplentes.
Por otra
parte, los legisladores conocieron las iniciativas de la diputada Irma Tirado
Sandoval y el diputado Carlos Montenegro Verdugo, ambos del PRI, en las que promueven
de manera individual, la desaparición del fuero constitucional mediante
reformas a la Constitución local, en sus documentos aceptan que el fuero
constitucional, como comúnmente se le conoce a la prerrogativa de inmunidad
para ciertos funcionarios y a últimas fechas utilizado de manera indebida, por
lo que entre las reformas que se pretenden están los siguientes artículos:
“La presente
reforma surtirá sus efectos a partir de la integración de la nueva legislatura,
de nuevos ayuntamientos electos en 2018 y del Ejecutivo electo en 2021. Tratándose
de los servidores públicos que no ocupen un cargo de elección popular, el
presente Decreto surtirá efectos a partir de su entrada en vigor”.
“El Congreso
del Estado de Sinaloa, deberá realizar las adecuaciones normativas en las leyes
secundarias relacionadas con la materia, a más tardar en los 90 días en que
entre en vigor el presente Decreto”.
En otro
sentido, los integrantes de la LXII Legislatura conocieron el dictamen de
reformas a la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa, que entre
otros objetivos, contempla eliminar las barreras existentes para la competencia
y libre concurrencia que puedan generar efectos competitivos en el servicio
público de transporte de carga; también que las concesiones para prestación de
dicho servicio público se otorguen por
medio de licitación y en igualdad de condiciones para todas las personas que lo
soliciten y cumplan los requisitos señalados por la ley, derogándose el
requisito de tener que pertenecer a uniones, alianzas, sindicatos, sociedades
cooperativas y mercantiles de trabajadores del volante legalmente constituidas,
ya concesionadas o por concesionar, de igual manera propone eliminar las
facultades del Ejecutivo del Estado para determinar el aumento en el número de
unidades permisionadas para la prestación del servicio de transporte de carga y
otorgar las concesiones para la prestación de dicho servicio, por lo que se
deroga el Capítulo referente a las solicitudes de concesiones y permisos de
ruta y zona y su tramitación, entre otros aspectos.
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