* Existe un pasivo de mil 175 millones de pesos que no
fueron enterados al IPES y un faltante de 667 millones en el saldo inicial del
gobierno
Culiacán, Sinaloa, a 9 de noviembre de 2017.-
Debido a diversas irregularidades administrativas detectadas en el ejercicio
del gobierno anterior, la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas
inhabilitó por siete y tres años al ex secretario de Administración y Finanzas,
Armando Villarreal Ibarra y al ex secretario Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, José Luis Sevilla Suárez, respectivamente, así como a otros cuatro ex
funcionarios más.
En conferencia de
prensa, la titular de esta dependencia, Guadalupe Yan Rubio, y el subsecretario
de Responsabilidades y Normatividad, Rogelio Arturo Aviña Martínez, dieron a
conocer los dictámenes mediante los cuales estos ex funcionarios quedaron
inhabilitados para ejercer empleo, cargo o comisión en el servicio público
dadas las irregularidades detectadas por esta Secretaría y por la Auditoría
Superior del Estado (ASE).
En el caso del ex
secretario de Administración y Finanzas, Armando Villarreal Ibarra, se le
inició un procedimiento administrativo debido a que omitió enterar al Instituto
de Pensiones del Estado de Sinaloa (IPES) diversas aportaciones patronales y
cuotas de trabajadores por un monto de mil 175 millones de pesos, motivo por el
cual se dictaminó su inhabilitación por siete años.
Por esta misma
razón, también fue inhabilitado por cinco años el ex subsecretario de Egresos,
Andrés Daniel Guzmán Cota, al encontrarse responsabilidad en la omisión del
entero de dichas aportaciones al IPES, las cuales fueron descontadas a los
trabajadores.
En otro caso, este
ex funcionario, Guzmán Cota, también recibió otra sanción de inhabilitación por
seis años, debido a la irregularidad encontrada en los saldos iniciales de las
cuentas bancarias del gobierno, pues la administración pasada reportó un saldo
de mil 88 millones 671 mil pesos, cuando en realidad se recibió la cuenta con
421 millones de pesos; es decir, una diferencia de 667 millones de pesos. Cabe
precisar que las sanciones no son acumulativas y sólo se ejecutará la mayor, es
decir, la inhabilitación por seis años.
Por este caso,
también se sancionó al ex director de Tesorería, Ernesto Herrera Félix, quien
fue inhabilitado para ejercer cualquier cargo dentro del gobierno por tres
años.
En un tercer caso,
derivado a las anomalías encontradas en el manejo y aplicación de los recursos
que estaban relacionados con la construcción de distintas obras públicas, se
dictaminó la inhabilitación por tres años para el ex secretario de Desarrollo Urbano
y Obras Públicas, José Luis Sevilla Suárez Peredo, ya que suscribió dos
convenios que rebasaron el 25 por ciento del plazo de ejecución y monto
original del contrato, referentes a la construcción del cruce ferroviario del
bulevar Enrique Tamayo en esta ciudad, y la edificación de la Unidad
Administrativa de Servicios Municipales de Navolato.
Asimismo, Sevilla
Suárez suscribió el contrato para la construcción del Centro de Justicia Penal
de Sinaloa, Región Centro, sin contar con la autorización correspondiente para
generar al Gobierno de Estado una obligación financiera de 78.8 millones de
pesos.
Por la omisión de
informar al ex secretario de Obras y Desarrollo Urbano de que no se contaba con
la propiedad de los terrenos donde se ejecutaría la obra del cruce ferroviario
en mención, la STyRC dictaminó una suspensión temporal en el servicio público
por 90 días para el ex director de Contratos, Carlos Ramón López Castro.
De igual manera, el
ex director de Control Administrativo de la Secretaría de Desarrollo urbano y
Obras Públicas, Dionisio Sánchez Félix, recibió una suspensión temporal por
seis meses, por omitir hacer del conocimiento del ex secretario Sevilla Suárez
que la dependencia carecía de los recursos suficientes para realizar la obra de
la construcción del Centro de Justicia Penal, Región Centro, motivo por el cual
se adeuda al contratista 78.8 millones de pesos.
La titular de la
STyRC, Guadalupe Yan Rubio, destacó que esta Secretaría ha dirigido sus
esfuerzos, atendiendo el compromiso del gobernador, de fortalecer el control
interno institucional del Gobierno del Estadio en tres grandes ejes como son:
Transparencia, Rendición de Cuentas y Seguimiento de Impactos.
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