Los estados tienen un plazo de un año para crear sus órganos locales y conformar el Sistema que vencería el próximo 19 de julio.
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitó a los congresos y gobiernos de las entidades federativas que realicen las adecuaciones normativas correspondientes para la instrumentación de sus sistemas locales anticorrupción.
Senadores y diputados destacaron en el dictamen que la Constitución y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) obliga a las entidades federativas a contar con sus propios sistemas locales en la materia, a fin de establecer un combate eficaz de la corrupción.
De acuerdo con el artículo Segundo Transitorio de la Ley General, los estados tienen un plazo de un año para crear sus órganos locales y conformar el Sistema, el cual vencerá el próximo 19 de julio.
A nombre del Grupo Parlamentario del PAN, la senadora Pilar Ortega Martínez señaló que además del SNA, se requiere un nuevo modelo de procuración de justicia, que establezca con toda claridad las atribuciones del Fiscal General de la República, el Fiscal en materia de Delitos Electorales y del Fiscal Anticorrupción.
“Estamos detenidos, porque no ha existido ni siquiera la voluntad política para avanzar en una iniciativa que propuso el titular del Ejecutivo Federal para eliminar el pase automático del actual Procurador al Fiscal General”, acotó.
Héctor Larios Córdova, senador de la misma fracción parlamentaria, consideró que un tema central es el origen de la corrupción en los procesos electorales, toda vez que no existirá el combate a este problema cuando se ganan elecciones como en el Estado de México y Coahuila.
Por el Grupo Parlamentario del PT, el senador Benjamín Robles Montoya coincidió en que “el dinero público que se utilizó en la pasada jornada electoral se tiene que revisar”, pues sí es un tema de combate a la corrupción.
La diputada Gloria Félix Niebla, del Grupo Parlamentario del PRI, recordó que la reforma constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción fue aprobada en 2015, y sólo nueve de las 32 entidades han atendido este mandato.
Por el Grupo Parlamentario del PAN, la diputada Karla Osuna Carranco consideró que a este llamado se deben incorporar a las autoridades electorales, pues “uno de los problemas que más ha impactado y dañado el desarrollo institucional y político de México es la corrupción electoral”, la cual prevalece en muchos de las entidades, como Coahuila y el Estado de México.
Del Grupo Parlamentario de Morena, el diputado Vidal Llerenas Morales señaló que “en el fondo no hay un convencimiento del Gobierno de la República para apoyar la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, no tiene recursos, no hay mayor interés y lo que se quiere es que no se persiga” este delito.
Carolina Viggiano Austria, diputada del PRI, sostuvo que en los temas de transparencia y de corrupción “ningún partido político se escapa”, por lo que el debate se debe centrar en el combate a este flagelo.
La diputada Maricela Contreras Julián, del PRD, afirmó que este problema es como “una bola que cada día se va haciendo más grande, porque no hay sanciones a los funcionarios públicos de alto nivel, a los funcionarios de gobierno que incurran en estas faltas”.
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