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El senador panista Francisco Salvador López Brito descalificó la
posible eliminación de la discusión de las cuentas públicas en el Pleno del
Congreso de Sinaloa, después de que la Comisión de Fiscalización de ese
parlamento aprobara la modificación del artículo 37 de la Constitución del
Estado de Sinaloa en materia de cuentas públicas.
La iniciativa impulsada por Diputados del PRI, Partido Sinaloense
y Nueva Alianza, propone eliminar la facultad del Pleno para discutir, aprobar
y/o suspender las cuentas públicas del Poder Ejecutivo, municipios, entidades
paraestatales y paramunicipales, así como de organismos autónomos y demás
entidades obligadas a rendir cuentas.
López Brito destacó que de la aprobación de esta reforma es un
retroceso en materia de rendición de cuentas y en el equilibrio de poderes que
actualmente existe, donde el Congreso del Estado de Sinaloa es el encargado por
disposición Constitucional Federal de aprobar las leyes de ingresos de los
municipios, así como de revisar y fiscalizar sus cuentas públicas.
“La revisión de cuentas de
ninguna manera puede ser eliminada del Pleno del Poder Legislativo Estatal y en
su caso trasladada a la Auditoria Superior del Estado, la cual solo actúa como
un organismo de apoyo en las labores de auditoria y fiscalización”, enfatizó.
El senador sinaloense calificó como aberrante e inconstitucional
la iniciativa al querer violentar de manera precisa la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, ya que pretender dotar de facultades a un
organismo que solo sirve de apoyo técnico a la legislatura local para llevar a
cabo la revisión de las cuentas públicas de los municipios.
“Por ello exhorto a todos y cada uno de los diputados locales en
el estado que represento, para que apegados a los principios éticos y
constitucionales rechacen dicha reforma al Artículo 37 de la Constitución
Política del Estado de Sinaloa, que en caso de aprobarse significaría un retroceso
para un estado democrático”, recalcó.
El Legislador Federal refirió que tal petición no es solo por no
estar de acuerdo, sino porque su obligación como legisladores, el ser
imparciales y proteger los intereses de los Sinaloenses en cada uno de los
municipios.
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