Los
integrantes de la LXII Legislatura conocieron cinco iniciativas presentadas por
el titular del Poder Ejecutivo en el Estado, entre las que se encuentran tres
nuevas leyes.
En primera instancia
se le dio trámite a la propuesta para que se expida la Ley de Entidades
Paraestatales del Estado de Sinaloa, la cual contempla regular la constitución,
organización, funcionamiento, coordinación, control y desincorporación de las
entidades paraestatales de la Administración Pública del Estado, en la que se reseña
las condiciones de las entidades paraestatales, así como las condiciones y
causas para su desincorporación.
El proyecto
de Ley que consta de Sesenta y Nueve Artículos Naturales y Diez Artículos
Transitorios y una vez conocido recibió la dispensa de la segunda lectura turnándose para su estudio y dictamen
a la Comisión de Hacienda Pública y Administración.
Enseguida se
dio lectura a la propuesta para expedir la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Sinaloa, con la que busca reglamentar los artículos 43
fracción XXI, 65 fracción VI, 145, 146 y 155 de la Constitución Política del
Estado de Sinaloa, en materia de planeación presupuestaria, programación,
presupuestación, aprobación, ejercicio, control, seguimiento, evaluación de los
ingresos y egresos públicos, trasparencia fiscal y rendición de cuentas, por lo
que “ha tomado la decisión de actualizar, modernizar y hacer más eficiente y
corresponsable su sistema de programación,
presupuestación, aprobación, ejercicio, control, seguimiento y evaluación de
los ingresos y egresos públicos. El objetivo de tal decisión es que el pueblo
de Sinaloa cuente con elementos que garanticen que las acciones de gobierno
estén orientadas a resultados en favor de los sinaloenses, con objetivos y
metas medibles, con un seguimiento puntual de los avances, y con evaluaciones
de los resultados, con el fin de que la gestión de gobierno sea más eficaz y
eficiente para alcanzar un mayor grado de desarrollo en beneficio de Sinaloa”.
Posteriormente,
se conoció la iniciativa en la que el Ejecutivo propone reformar y adicionar
diversas disposiciones de la Ley de Contratos de Colaboración Público Privada;
de la Ley Orgánica de la Administración Pública; de la Ley de la Auditoría
Superior del Estado y de la Ley de Gobierno Municipal, con la que busca
enmarcar este texto jurídico en la planeación, programación y presupuestación
de los recursos públicos, ya que este instrumento debe facilitar la interacción
de los sectores público y privado en aquellos proyectos que generen
productividad y que sean una estrategia de crecimiento a largo plazo, pero no
por ello se sustraen de la acción, cuidado y vigilancia del Estado, ya que el
correcto uso de esta herramienta dará mayor certeza e incentivará al sector
privado a participar en proyectos conjuntos con el gobierno.
Del mismo
modo, busca establecer las responsabilidades de todos los servidores públicos
de todos los órdenes y niveles de
gobierno, estableciendo, en primer término, las responsabilidades de la
Administración Pública del Estado en el manejo de los recursos públicos,
asimismo, señalando las responsabilidades de los servidores públicos en el
ejercicio de su encargo y por último, dotando al órgano fiscalizador y a esta
Soberanía de las facultades necesarias para que en el ámbito de sus
competencias sean parte de este proceso
que busca sanear y equilibrar las finanzas del Estado.
Otra de las
iniciativas enviadas por el Ejecutivo, pretende la expedición de la Ley de
Deuda Pública para el Estado de Sinaloa y sus Municipios, tiene como objetivo
establecer los criterios, bases y requisitos para la programación, autorización
contratación, registro y control de la Deuda Pública y las Obligaciones que regirán al Estado, sus
Municipios y a los demás Entes Públicos sujetos a esta ley, quienes se
sujetarán a las disposiciones establecidas en esta ley en materia de deuda
pública y administrarán sus recursos con base en los principios de legalidad,
honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad,
trasparencia, control y rendición de cuentas.
La quinta de
este conjunto de iniciativas, contiene reformas a diversas leyes, así como la
creación de dos más: la de Servicio de Administración Tributaria y la Orgánica
de la Procuraduría Fiscal, ambas para el Estado de Sinaloa, la primera tiene
como objeto aplicar la legislación fiscal a fin de promover y garantizar que
las personas físicas y morales contribuyan al gasto público estatal; recaudar las contribuciones,
impuestos, derechos, aprovechamientos, productos estatales y cualquier otro
ingreso que el Estado tenga derecho a percibir independientemente de su
naturaleza jurídica o denominación.
Mientras que
la segunda, pretende establecer la organización y funcionamiento de la
Procuraduría Fiscal del Estado, para el ejercicio de las atribuciones y el
despacho de los asuntos que le confieren la presente ley, su Reglamento, el
Reglamento Interior de la Secretaria, y demás disposiciones legales aplicables.
Cita que el
Procurador será designado por el titular del Poder Ejecutivo, quien le tomará
la protesta de ley correspondiente; el Procurador, durante el ejercicio de su
encargo, no podrá desempeñar ningún otro cargo público, de elección popular,
empleo o comisión, salvo que se trate de actividades estrictamente académicas.
Por otra
parte, se le dio lectura a la iniciativa de los diputados integrantes del grupo
parlamentario del PAS, para reformar la Ley de Hacienda estatal, para que los vehículos automotores que tengan una
antigüedad mayor de diez años, sigan
cubriendo la misma cantidad determinada en el año inmediato anterior por concepto del pago de derechos relativos a
placas, tarjeta de circulación, calcomanías y refrendo.
Posteriormente,
recibió trámite la iniciativa del diputado Roberto Ramsés Cruz Castro (PAN),
para reformar la Constitución Política del Estado de Sinaloa, para eliminar el
llamado “veto de bolsillo” de las aprobaciones realizadas por el Poder
Legislativo y su no publicación por parte del Ejecutivo del Estado, toda vez
que el Gobernador cuenta con ocho días útiles para realizar observaciones sobre
las aprobaciones, y vencido ese plazo, “el Ejecutivo dispondrá de tres días
naturales para promulgar y publicar la ley o decreto”, en caso de incumplir ese
segundo plazo, la ley o decreto será considerado promulgado y el Presidente de
la Mesa Directiva del Congreso ordenará dentro de los tres días naturales
siguientes su publicación.
Durante la
sesión, se conoció el dictamen de la Comisión de Hacienda Pública y
Administración, sobre la iniciativa del ayuntamiento de Rosario, en la que
solicita autorización para contratar un crédito de hasta quince millones de
pesos, al respecto se consideran los argumentos válidos y suficientes para
sustentar una posible aprobación del empréstito, en el que los recursos serían
aplicados a inversión pública productiva exclusivamente, para adquirir
maquinaria pesada, consistente en un camión con tanque cilíndrico tipo bactor,
un camión con tanque pipa, dos camiones recolectores compactadores, dos
camiones con caja tipo volteo, una moniveladora y una
cargadora-retroexcavadora.
En Asuntos
Generales, el diputado José Menchaca López (PRI), presentó un posicionamiento
en el que recordó haber presentado una iniciativa de reforma, en la que propone
que los recién egresados de licenciaturas, tengan prioridad para puestos de
confianza en gobierno estatal y municipal, en todos sus ámbitos, facilitando a
la administración pública, estatal y municipal, a fin de que puedan hacerse de mayor
experiencia para su futuro laboral.
En su
oportunidad, el diputado Silvino Zavala Araujo (PRI), dijo haber presentado una
iniciativa de ley que permita la creación de tribunales laborales sujetos a la
potestad del Poder Judicial del Estado, los cuales deberán de que resolver los
conflictos laborales existentes; además de que se faculta al Ejecutivo y al
Legislativo para la creación de un sistema de Justicia laboral del Estado, en
donde se busque la participación de las fuerzas productivas de la entidad.
Más adelante,
el diputado Roberto Cruz Castro (PAN), se pronunció en contra del incremento al
costo del refrendo vehicular, además de pedir en tribuna que se cubran los
adeudos que se tienen con jubilados y pensionados de las secciones 27 y 53 del
SNTE.
Por su parte,
la diputada Emma Karina Millán Bueno (PRI), habló sobre la importancia de la
democratización del acceso a la cultura, destacó que en la entidad se realizan
esfuerzos importantes para poder promover el arte y que el programa de
estímulo, junto con la Secretaría de Cultura federal, para designar a jóvenes
en distintas categorías, como difusión de patrimonio cultural, grupos
artísticos, arrojarán jóvenes más cercanos a la cultura y más alejado de la
violencia.
Mientras que
la diputada Gloria González Burboa (PRI), se pronunció por realizar convenio
entre el Registro Civil y la Delegación de Desarrollo Social para intercambio
de actas de nacimiento para grupos vulnerables y tengan acceso a programas
gubernamentales, y dijo que esos programas tienen la finalidad de reducir
brechas con esos estamentos vulnerables.
Enseguida, la
diputada Jesús Angélica Díaz Quiñonez (PAS), recordó que cada 3 de Diciembre se
conmemora el Día contra la Incapacidad, y que la ley en la entidad está
desfasada, por lo que urgió a legislar en el tema y dar trámite a las
iniciativas que han sido presentadas y se encuentran a la espera de ser
dictaminadas.
Posteriormente,
el diputado Rafael Mendoza Zatarain (PAS), reiteró la importancia de que en el
Congreso de la Unión se dictamine la iniciativa ciudadana que se presentó para
que en Sinaloa se elimine el cambio de horario y se fije una tarifa única por
el servicio eléctrico, porque a pesar de que se ha recurrido a juicios de
amparo, no se han logrado avances.
Al hacer uso
de la tribuna, el diputado Juan Pablo Yamuni Robles (PAN), se refirió a la
importancia de ser partícipes de los 16 días de activismo contra la violencia
de género, toda vez que se han creado programas para ayudar a evitar conflictos
y generar mayor inclusión, liderazgo y protección de las mujeres en las tareas
de consolidación de la paz.
Mientras
tanto, la diputada Alba Virgen Montes Álvarez (PAS) y Feliciano Valle Sandoval
(PRI), se refirieron a la situación en la que se encuentra Guasave, lugar que
hace unos días cumplió 100 años de su municipalización, se refirieron a la
necesidad de que se pueda contar con un centro de justicia regional, y
continuar con el impulso para el desarrollo económico y fortalecimiento social,
toda vez que aseguraron que se trata del corazón agrícola del país y uno de los
municipios más importantes de la entidad.
Finalmente,
se clausuró la sesión y se citó para el próximo jueves 07 de diciembre a las 11
horas.
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