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Aseguraron
que desde el Poder Legislativo existe disposición para brindar las herramientas
jurídicas necesarias para combatir el flagelo y brindar mejores condiciones de
vida a los sinaloenses.
Integrantes
de la LXII Legislatura solicitaron reforzar los operativos de seguridad en la
zona serrana de los municipios en donde se están presentado casos de
desplazamiento forzado de personas, generar condiciones para que las familias
puedan regresar a sus lugares de origen, y en el caso de quienes no puedan
regresar, brindarles un entorno en el que puedan desarrollarse de una mejor
manera.
Lo anterior,
al realizarse una reunión de trabajo con Genaro Robles Casillas y Rosa Elena
Millán Bueno, titulares de la Secretaria de Seguridad Pública y de la
Secretaría de Desarrollo Social de la entidad, en la que ambos funcionarios
dieron un informe sobre los desplazados en Sinaloa por situaciones de
inseguridad.
Durante su
participación, la diputada Irma Tirado Sandoval, presidenta de la Junta de
Coordinación Política, consideró necesario que exista un seguimientos a las
políticas de atención a estos grupos vulnerables, extender las medidas de
prevención y apoyo a los nuevos centros poblados o de concentración de los
desplazados para que no pasen de nueva cuenta por problemas de vulnerabilidad.
Reiteró que
en el Congreso del Estado existe voluntad por ser coadyuvantes en la búsqueda de soluciones para
los afectados, es momento de dar seguimiento y ser partícipes en la solución,
toda vez que se trata de una obligación para los legisladores y es un tema en
el que no se tiene que tener descanso.
Mientras que
diputadas como Maribel Chollet Morán, Margarita Villaescusa Rojo, Irma Moreno
Ovalles, Sylvia Treviño Salinas y Angélica Díaz Quiñonez, coincidieron en la
importancia de combatir a la delincuencia con la educación y la promoción de
valores desde el entorno familiar, brindar atención psicológica y buscar una
atención integral para quienes han sufrido el desplazamiento de sus
comunidades.
Por su parte,
los diputados Víctor Antonio Corrales Burgueño, Marco Antonio Osuna Moreno,
Feliciano Valle Sandoval, Andrés Félix Zavala, Gerardo Valencia Guerrero y
Crecenciano Espericueta Rodríguez, señalaron que parte de la solución del
problema es dar mejores oportunidades de desarrollo social a quienes sufren
padecen del fenómeno, que se castigue a quienes delinquen y se culmine con la
impunidad, lo cual haría que la sociedad recupere la confianza en las
autoridades y tengan la certeza para denunciar.
Es importante
señalar que durante su participación, el general Genaro Robles Casillas,
titular de la SSP, dijo que el desplazamiento de personas se debe a diversos
factores, entre los que se encuentra el de la violencia, aseguro tener identificados a los grupos delincuenciales de
las zonas de Concordia y Rosario, pero no se les ha podido detener por falta de
denuncia.
Indicó que se han implementado medidas
como el despliegue de seguridad permanente, filtros y
patrullajes nocturnos reconocimientos de zona y apoyo en traslados de
pobladores y maestros, en busca de resolver la situación con perspectiva de
respeto a los derechos humanos.
Del mismo modo, precisó que si bien el problema es algo que tiene muchos
años, es de gran importancia trabajar en la reconstrucción del tejido social
porque de lo contrario será difícil conseguir que las cosas cambien, el trabajo
en ese sentido tiene que ser intenso y con visión de largo plazo.
En tanto, Rosa Elena Millán Bueno, secretaria de Desarrollo Social en
Sinaloa, mencionó que los trabajos para combatir la problemática se tienen que hacer
de manera coordinada, sin embargo, existen varios factores por los que no se
tiene información exacta sobre las cifras de migración forzada, aunque se tiene
conocimiento que las zonas del estado más afectadas son las de Concordia, San
Ignacio y Rosario, en el primer municipio con 230 familias desplazadas, el
segundo con 59 y el tercero con 10.
Puntualizó que hace falta legislación que dé sustento constitucional
para la aplicación de políticas públicas a favor de los desplazados, el
fenómenos debe de ser reconocido legalmente y generar la acción coordinada para
que se garantice el pleno ejercicio de sus derechos, pero ello no debe de ser
un obstáculo para reconocer el problema.
Millán Bueno precisó que el papel de las autoridades es claro, se deben
de garantizar los derechos de las víctimas, investigar los motivos del
desplazamiento y diseñar estrategias de combate al fenómeno, y sostuvo que existen
condiciones favorables para la creación de proyectos productivos que brinden
desarrollo económico importante en lugares en los que hoy existen casos de
desplazamiento forzado interno.
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