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jueves, 11 de mayo de 2017

Aprueba Congreso del Estado evitar endeudamientos innecesarios

Las reformas constitucionales realizadas, tienen por objeto mayor estabilidad, equilibrio y desarrollo positivo de las finanzas en el Estado y los 18 municipios.
El Pleno de la LXII Legislatura aprobó por mayoría reformas a la Constitución Política del Estado de Sinaloa, que tienen por objeto evitar endeudamientos innecesarios en las finanzas estatales, de organismos autónomos y los municipios, así como los organismos públicos descentralizados.
De acuerdo a las reformas aprobadas, se pretende tener mayor estabilidad a las finanzas públicas y al sistema financiero para favorecer el crecimiento económico, a través de la regulación de la contratación de deuda pública, con lo que se armoniza la legislación local con lo marcado a nivel federal.
Del mismo modo, se busca proporcionar las herramientas necesarias para el mejor funcionamiento del aparato gubernamental y en específico, que el Estado cuente con un marco jurídico eficaz que le permita lograr un equilibrio y desarrollo positivo de las finanzas públicas y reducir la discrecionalidad en el uso y destino de los recursos, se contará con nuevos y mejores instrumentos para asegurar las finanzas públicas sanas, y con ello procurar la estabilidad económica.
Con la reforma, “se fortalece el Estado de Derecho, la transparencia y la rendición de cuentas, y brinda mayor certeza a los ciudadanos”, al contar con mayores elementos para lograr una administración pública estatal y municipal más transparente y con mayor certeza.
Posterior a la votación en lo general, el diputado Zenén Xóchihua Enciso (PAN), hizo uso de la tribuna para presentar la reserva de los artículos 43 fracción XXIII y 84 segundo párrafo, proponiendo que la autorización de la deuda por parte de los diputados debe de ser “por el voto de las dos terceras partes de la totalidad de sus miembros”, y no por el de las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión al momento de la votación, sin embargo, la propuesta fue rechazada por la mayoría de los integrantes del Pleno.
Por tal motivo, se consideró como aprobado el dictamen tal y como fue presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, y al tratarse de una reforma constitucional se ordenó expedir el decreto correspondiente y remitirlo a los 18 ayuntamientos para que en un plazo de 15 días hagan llegar al legislativo el sentido de su votación.


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