Las
reformas constitucionales realizadas, tienen por objeto mayor estabilidad,
equilibrio y desarrollo positivo de las finanzas en el Estado y los 18
municipios.
El Pleno de
la LXII Legislatura aprobó por mayoría reformas a la Constitución Política del
Estado de Sinaloa, que tienen por objeto evitar endeudamientos innecesarios en
las finanzas estatales, de organismos autónomos y los municipios, así como los
organismos públicos descentralizados.
De acuerdo a
las reformas aprobadas, se pretende tener mayor estabilidad a las finanzas
públicas y al sistema financiero para favorecer el crecimiento económico, a
través de la regulación de la contratación de deuda pública, con lo que se
armoniza la legislación local con lo marcado a nivel federal.
Del mismo
modo, se busca proporcionar las herramientas necesarias para el mejor
funcionamiento del aparato gubernamental y en específico, que el Estado cuente
con un marco jurídico eficaz que le permita lograr un equilibrio y desarrollo
positivo de las finanzas públicas y reducir la discrecionalidad en el uso y
destino de los recursos, se contará con nuevos y mejores instrumentos para asegurar
las finanzas públicas sanas, y con ello procurar la estabilidad económica.
Con la
reforma, “se fortalece el Estado de Derecho, la transparencia y la rendición de
cuentas, y brinda mayor certeza a los ciudadanos”, al contar con mayores
elementos para lograr una administración pública estatal y municipal más
transparente y con mayor certeza.
Posterior a
la votación en lo general, el diputado Zenén Xóchihua Enciso (PAN), hizo uso de
la tribuna para presentar la reserva de los artículos 43 fracción XXIII y 84
segundo párrafo, proponiendo que la autorización de la deuda por parte de los
diputados debe de ser “por el voto de las dos terceras partes de la totalidad
de sus miembros”, y no por el de las dos terceras partes de los diputados
presentes en la sesión al momento de la votación, sin embargo, la propuesta fue
rechazada por la mayoría de los integrantes del Pleno.
Por tal
motivo, se consideró como aprobado el dictamen tal y como fue presentado por la
Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, y al tratarse de una reforma
constitucional se ordenó expedir el decreto correspondiente y remitirlo a los
18 ayuntamientos para que en un plazo de 15 días hagan llegar al legislativo el
sentido de su votación.
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