Con
estas propuestas se busca la implementación del Protocolo Alba y el respeto a
los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.
De manera
unánime el Congreso del Estado aprobó dos puntos de acuerdo con los que se
pretende la implementación de mecanismos de protección a los derechos de los
pueblos y comunidades indígenas, y a mujeres en situación de violencia.
En uno de los
documentos, la diputada María Fernanda Rivera Romo (PRI), planteó la
implementación de forma permanente el Protocolo ALBA, el cual tiene la
finalidad de prevenir y atender el extravío, sustracción y desaparición de
mujeres, como una medida de seguridad que contribuya a reducir los constantes
casos que se presentan en la entidad.
Con este
exhorto a las autoridades estatales, en específico para la Secretaría General
de Gobierno, la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad
Pública, habrá de implementarse un mecanismo operativo de coordinación
inmediata para la búsqueda y localización de mujeres y niñas desaparecidas,
alertando a las corporaciones policiacas para que actúen de manera conjunta.
El Protocolo
ALBA consta de tres fases, la primera, es la presentación de la denuncia y la
toma de muestras de ADN para un banco de datos; la segunda, consiste en alertar
a las dependencias en materia de seguridad de los tres órdenes de gobierno y
organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación; y en caso de no ser
localizada la persona en un lapso estipulado de tiempo, se pasa a la tercera
fase, la cual es la indagatoria a partir de la presunción de un delito.
Al aprobarse
esta medida por parte del Congreso del Estado, se trabaja dentro del marco de
acciones establecidas en la Alerta de Género que se implementa en la entidad y
que busca la reducción de la violencia en contra de las mujeres.
Por su parte,
la diputada Gloria González Burboa (PRI), exhortó al Poder Ejecutivo para que
en coordinación con el Comisionado de los Derechos Humanos del Estado,
capaciten y sensibilicen a los servidores y funcionarios públicos de la entidad
sobre la importancia de respetar a este grupo social, asunto al que se sumó en
tribuna la diputada Angélica Díaz Quiñonez (PAS), quien dijo que al interior de
la legislatura existen iniciativas que buscan atenuar la situación de
marginación de las comunidades indígenas, por lo que pidió dar celeridad en su
dictaminación y aprobación.
Toda vez que
el gobierno estatal, así como los de los 18 municipios, tienen como principal
deber el de “respetar las culturas, costumbres, valores y derechos de los
pueblos indígenas, en particular los aspectos colectivos de cada grupo que
habita dentro de la entidad”, y que a pesar de que a nivel constitucional se
establecen los derechos de los pueblos y comunidades indígenas se deben
respetar, sin embargo “faltan aún acciones por parte de funcionarios y
servidores públicos” que lo garanticen.
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