Culiacán,
Sinaloa.-En tan solo 6 meses, el programa que fomenta la repatriación de
capitales ha generado que más de 102 mil millones de pesos reingresen a México para
el desarrollo regional.
Debido
a esto, la vigencia del programa se amplió al 19 de octubre, informó el
Delegado de Economía en Sinaloa, Rafael Rodríguez Castaños.
“Será
hasta octubre cuando nuestros compatriotas puedan retornar los recursos
económicos que tenían invertidos en otros países a México, con beneficios
únicos por parte de todos los involucrados en la repatriación”.
Esta
ampliación se dio con el anuncio del Presidente
Enrique Peña Nieto de que al culminar el primer semestre del año cerca
de 4 mil 500 millones de dólares de inversión privada ya habían regresado a
nuestro país y estaban siendo canalizados a inversiones productivas.
Rodríguez
Castaños aseveró que con esta respuesta positiva de los inversionistas se deja
claro que tienen confianza en nuestro país y en Sinaloa.
El decreto marca que los ingresos que vuelvan a
México y permanezcan durante al menos dos años en el país gozarán de un
impuesto preferencial del 8% del ISR (mientras que en 2014 la tasa aplicable
era de 30 % para personas morales y 35 % para personas físicas).
Deberán invertirse en bienes de activo fijo,
terrenos y construcciones, proyectos de investigación de desarrollo de
tecnología o aquellos que permitan fortalecer la inversión financiera en
activos productivos, señala el decreto.
La medida fue presentada por el Ejecutivo junto a
otro decreto destinado a la deducibilidad inmediata para las pequeñas y
medianas empresas (PyMEs) a principios del 2017 y sigue mostrándose interés de
parte de los inversionistas por aprovechar los incentivos.
“Con este programa se tiene todo para que los
Sinaloenses regresen el dinero que tienen en el extranjero con un impuesto
sumamente bajo pero sobre todo con las opciones de que ese dinero se utilice en
bienes productivos, como disminuir sus deudas, comprar activos, es decir, incentivar
la economía”.
Asevero que este programa es parte del acuerdo para
el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar, donde
además de proteger la a las familias se fomentan las inversiones y el empleo
para preservar la estabilidad del país.
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