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miércoles, 19 de julio de 2017

Senadores y diputados ratifican su voluntad política para consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción

Debatieron la falta  del Fiscal Anticorrupción y de los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa.
Contemplan la realización de un periodo extraordinario para abordar estos temas.

Los grupos parlamentarios representados en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión manifestaron su voluntad política para consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) que entró en operación, y se comprometieron a establecer una agenda para resolver los temas pendientes en la materia.

Los representantes de los Grupos Parlamentarios analizaron el tema del SNA  y los pendientes como el nombramiento del fiscal anticorrupción y de los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa,  así como y la probable realización de un periodo extraordinario para abordar estos asuntos.

El senador del PRI, Enrique Burgos García, subrayó que la creación del SNA, aprobado a partir de la reforma constitucional de 2015 y la reforma al Artículo 113 de la Constitución, representa uno de los principales esfuerzos de las instituciones del Estado mexicano para prevenir, sancionar y erradicar estas prácticas.

Destacó que elevar a rango constitucional la fiscalía especializada y combate a la corrupción y por vía jurisdiccional la creación de la figura de magistrados anticorrupción, son el principio de una concepción de servicio público en México y la imagen del compromiso que los legisladores refrendan para tocar una de las más graves problemáticas del país.

Señaló que esto no es asunto de cuotas, por lo que se pronunció a favor de continuar la discusión para el nombramiento del fiscal anticorrupción y  la designación de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa.

El diputado de Encuentro Social, Alejandro González Murillo, señaló que la democracia moderna a la que aspiramos y construimos todos los días, exige el combate a la corrupción, una máxima transparencia y justicia como vivencia.

Dijo que, al entrar hoy en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el poder legislativo tiene un gran pendiente en el combate a la corrupción con la sociedad, por lo que el anhelo de justicia debe permear el ánimo de la sociedad.

El diputado de Nueva Alianza, Jesús Rafael Méndez Salas, comentó que con la creación de este sistema se busca poner fin a un complejo fenómeno social, político y económico que ha afectado a México por demasiado tiempo. 

Sostuvo que ante la amenaza externa, debemos hacer un frente común que se llama México y por eso todas las fuerzas políticas deben estar en la misma tónica del Sistema Nacional Anticorrupción; ese es el llamado que se hace en Nueva Alianza “Unidad contra la corruopcion” para que el sistema de frutos. 

El diputado Macedonio Tamez Guajardo, de Movimiento Ciudadano, señaló que el problema no es la creación de nuevas leyes e instituciones para resolver el grave problema de la corrupción, el problema es que no se aplican esas leyes, además tenemos una escasísima cultura de legalidad y un débil estado de derecho. “No creo en este sistema, estoy desértico”.    

Aseveró que la única manera de tener resultados es metiendo a la gente a la cárcel y sólo así se convertirá la desesperanza de los mexicanos en esperanza y su incertidumbre en certeza. 

En representación de Morena, la diputada Rocío Nahle García, apuntó que en los gobiernos y clase política en general no se puede tolerar más que prevalezca la impunidad a favor de los funcionarios que han incurrido en actos de corrupción, pues esta ha lacerado a las instituciones y, sobre todo,  a la economía nacional.

“Se deben implementar acciones eficaces en contra de los corruptos y no estrategias mediáticas ineficaces”, enfatizó, al solicitar al Ejecutivo Federal que realice una “limpieza” dentro de su propio gobierno, a fin de lograr una transición en paz y ordenada al cambio de sexenio.

Al hablar por el PVEM, la diputada  Sofía González Torres, consideró que se requiere de voluntad política para realizar un periodo extraordinario en el que se nombre al fiscal especial anticorrupción.

“Invito a los legisladores de todos los  grupos parlamentarios a designar al fiscal anticorrupción y que con ello, se dé certeza a la sociedad” sobre el buen funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, concluyó.

El senador del PT, Miguel Barbosa Huerta, dijo que el Sistema Nacional Anticorrupción se pone en marcha de manera “incompleta”, ya que no cuenta con todos los elementos establecidos en las leyes que se aprobaron en el Congreso. 

Sostuvo  que se deben rechazar y reponer las ternas que envió el Ejecutivo respecto a los magistrados, “que integre nuevas propuestas con la participación de la sociedad civil”.

El diputado del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, manifestó la plena disposición de su bancada para llevar a cabo un periodo extraordinario que permita desahogar los asuntos que permitan tener un Sistema Nacional Anticorrupción completo. 

También se refirió la carpeta de investigación que integró la PGR en el caso de Duarte, “simple y sencillamente el acusado ridiculizó a los ministerios públicos y aun así se quiere el pase automático de un procurador que debería estar pensando en hacer maletas para dejar esa responsabilidad tan importante”. 

Por el Grupo Parlamentario del PAN, el senador Juan Carlos Romero Hicks, advirtió que la discusión está mal enfocada, pues se tiene que fortalecer el SNA, los temas locales y corregir los pendientes. No podemos tener una fiscalía subordinada, sin margen de maniobra, presupuesto y sin personal de confianza, argumentó.

En su posicionamiento, llamó a la voluntad política de los coordinadores parlamentarios del Senado porque “hoy tenemos un buen cuerpo pero está desalmado”, y el reto es la exigencia ciudadana de resultados. Por ello, se debe eliminar el pase automático del fiscal y su duración en el cargo; hacer una propuesta de sistema de procuración de justicia, y crear leyes de nueva generación.

La senadora Diva Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del PRI, advirtió que no se pueden echar a la basura más de 30 meses de trabajo en los que destacó la participación de la sociedad civil y de la iniciativa privada.

La legisladora subrayó en su posicionamiento que el presidente Enrique Peña empezó por su casa, “queremos ver las otras casas, queremos ver limpias las otras casas que también están salpicadas”.   

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