El Congreso del Estado aprobó expedir tres nuevas
leyes relacionadas con el tema hacendario de Sinaloa.
El primer dictamen al que le dio paso el Pleno fue con el que se expide
la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Sinaloa, la cual
tiene la finalidad de regular la constitución, organización, funcionamiento,
coordinación, control y extinción de las entidades paraestatales de la
Administración Pública con el propósito de dotar de orden y uniformidad, así
como ejercer adecuadamente las facultades de control, creando un Registro
Público de Entidades Paraestatales en el que habrán de inscribirse los
documentos y actos más relevantes que aquéllas, sus órganos de gobierno o de
ejecución administrativa lleven a cabo. Esta nueva Ley consta de seis capítulos
67 artículos naturales y 10 transitorios.
Posteriormente, se aprobó el dictamen para expedir la Ley de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa, con lo que se
reglamenta diverso articulado de la Constitución estatal en materia de
planeación presupuestaria, programación, presupuestación, aprobación,
ejercicio, control, seguimiento, evaluación de los ingresos y egresos públicos,
transparencia fiscal y rendición de cuentas. Ello a fin de ofrecer medidas para
fortalecer del marco de responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas y
coadyuvar en mantener la estabilidad macroeconómica del Estado, la cual se
conforma de 102 artículos naturales y ocho transitorios.
Por otra parte, se aprobó expedir la Ley de Deuda Pública para el Estado
de Sinaloa y sus Municipios, en el que se permita la actualización y
modernización del marco jurídico estatal en materia de deuda pública, así como
el fortalecimiento y saneamiento de las finanzas públicas estatales y
municipales, de tal forma que se posibilite un mayor y progresiva inversión
pública y una mejor, y más eficiente administración de los recursos públicos,
la cual consta de 49 artículos naturales y siete transitorios.
Durante la sesión, los diputados reformaron y adicionaron diversas
disposiciones de la Ley de Contratos de Colaboración Público Privada; de la Ley
Orgánica de la Administración Pública; de la Ley de la Auditoría Superior del
Estado y d la Ley de Gobierno Municipal, todas del Estado de Sinaloa, con el
objetivo de actualizar el marco jurídico en materia de programación,
presupuestación, aprobación, ejercicio, control, seguimiento y evaluación de
los ingresos y egresos públicos, conforme a las mejores prácticas normativas de
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamente.
Así como la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, toda vez,
que constituyen el marco jurídico del sistema financiero que dan
sostenibilidad, transparencia y orientación a resultados para la ejecución de
acciones que generen en público y beneficios de la sociedad.
Con lo anterior, se estaría asegurando la adecuada instrumentación de
las medidas para contar con una mayor eficacia en el ejercicio del gasto y la
transparencia de su manejo, procurando que sea suficiente y en beneficio
directo de la sociedad mediante debida planeación, programación y ejecución de
los recursos públicos.
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