Durante la sesión ordinaria de este martes, se le dio primera lectura a la iniciativa presentada por diversos ciudadanos, en la que proponen reformar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa, para eliminar las menciones que se hace a las rutas, refiriendo al servicio público de transporte de personas, toda vez que, al eliminarse la referencia a las zonas, es necesario hacer las adecuaciones necesarias, para conservar el sentido original de dichos preceptos. Anteriormente, en la Ley, se utilizaban las expresiones como “de ruta”, o “de zona”, para distinguir si una disipación legal era aplicable al servicio público de transporte de personas o bien, al servicio público de cosas o carga. Estiman necesaria su derogación, para conservar la claridad de algunos artículos evitando duplicidad de supuestos normativos y confusiones en su interpretación y posterior aplicación.
Respecto a las reformas, citan eliminar del artículo 183 el primer párrafo las palabas “…en una o varias rutas, estén o no concesionadas…”, y de la fracción II, las palabras “…una ruta de…” y “…dicha ruta…”, porque señalar que el gobierno del estado puede hacerse cargo de la prestación del servicio público de trasporte n una o varias rutas, resulta lesivo para la modalidad de urbanos, suburbanos y foráneos, ya que son las únicas que están sujetas a prestar el servicio en las rutas autorizadas por la autoridad de Tránsito y Transportes, en términos del artículo 215 de la Ley. Esas son algunas de las propuestas elevadas al Pleno en su iniciativa.
Por otra parte, se conoció la iniciativa de los diputados del PAS, en la que proponen reformar el segundo párrafo del artículo 249 del Código Penal para el Estado de Sinaloa, con el objetivo de aumentar las penas de dos a cuatro años de prisión y de 100 a 200 UMAS, a aquellas personas responsables de realizar disparos con armas de fuego, ya que ésta es una conducta que debe de ser castigada más severamente, pues no es posible que quienes provocan muertes, lesiones y daños materiales, así como el miedo de la sociedad sinaloense, reciban una sanción mínima, además de hacer un llamado a las autoridades y a la sociedad, para trabajar en soluciones que den a los sinaloenses un clima de paz.
Más adelante, recibió primera lectura la iniciativa presentada por el Ejecutivo del Estado solicitando autorización para gestionar y contratar con la institución financiera que mejores condiciones de mercado ofrezca, el refinanciamiento hasta por la cantidad de 4 mil 500 millones de pesos, "con la finalidad de evitar o mitigar riesgos económicos o financieros, instrumentos de garantía de pago oportuno, mecanismos de refinamiento garantizado o cualesquier otros instrumentos o mecanismos de garantía de pago similares o de soporte crediticio, a fin de coadyuvar a mantener o mejorar la calidad crediticia de los Financiamientos".
Enseguida, el Pleno conoció la iniciativa de las diputadas Angélica Díaz Quiñónez (PAS), Sylvia Treviño Salinas (PAN), Maribel Chollet Morán (PRI), María Fernanda Rivera Romo (PRI) y Juan Pablo Yamuni Robles (PAN), en la que proponen reformar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, ambas del Estado de Sinaloa, con lo que se permitirá observar el seguimiento y evaluación de la política estatal en materia de fomento a la igualdad entre mujeres y hombres, así como emitir opiniones respecto de los presupuestos de los Poderes del Estado y de los órganos autónomos, a fin de que los mismos se elaboren con una perspectiva de género, en términos de lo que establece la Ley.
Posteriormente, se le dio lectura a la iniciativa de la diputada Maribel Chollet Morán PRI, en la que propone reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Familiar del Estado de Sinaloa, que tiene como objetivo que el vínculo matrimonial se pueda extinguir en cualquier momento después de celebrado, es decir, quitar el lapso de un año para que cualquiera de los cónyuges o ambos demanden el divorcio; que se incluya como impedimento para contraer matrimonio la violencia de género en cualquiera de sus modalidades, es decir, física y/o sexual, económica y/o patrimonial y/o psicológica; y que se incluya en las Actas de Defunción como causa de muerte la violencia familiar y/o de género.
Otra iniciativa de la diputada Maribel Chollet Morán (PRI), que recibió trámite, fue la que propone reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones del Código Familiar, de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y de la Ley para Prevenir y Atender la Violencia Familiar, todas del Estado de Sinaloa, que tienen entre sus objetivos hacer explícita la figura y forma de operar de la orden de protección en casos de violencia familiar; establecer al Estado la obligación de llevar un registro de órdenes de protección, lo cual permitiría dar seguimiento a cosas específicos y evaluar su efectividad; eliminar todos los trámites que la ley establece para la expedición de las órdenes de protección, ya que la mayoría de los casos de violencia familiar requieren de esta figura urgente de atención, por lo cual debe de expedirse en un plazo no mayor a 24 horas y deberá extenderse por todo el tiempo que prevalezca el riesgo o el peligro de la violencia; derogar el apartado en el que se contempla la conciliación de la víctima con el agresor, e incluir en la Ley la Obligación del Estado para la conformación de refugios y albergues destinados para la atención especializada de víctimas de violencia familiar.
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