*El
subsecretario de Responsabilidades y Normatividad, Rogelio Aviña, informó que
hay más ex funcionarios que deben justificar anomalías financieras
Culiacán,
Sinaloa, a 25 de septiembre de 2017.- Por causar un daño
económico a las arcas del Gobierno del Estado, seis ex servidores públicos de
la Secretaría de Administración y Finanzas, y de la Secretaría de Turismo
resultaron responsables en la auditoría que inició la Secretaría de
Transparencia y Rendición de Cuentas, por lo que quedaron inhabilitados para
ejercer un cargo público en los siguientes 10 años, en el mayor de los casos, y
la obligación de reintegrar en conjunto 66 millones 542 mil 973 pesos, como
reparación del daño.
Lo anterior lo dio a conocer el subsecretario
de Responsabilidades y Normatividad, Rogelio Arturo Aviña Martínez, durante una
conferencia de prensa en la que acompañó a la secretaria de Transparencia y
Rendición de Cuentas, Guadalupe Yan Rubio, para dar a conocer los resultados de
las auditorías realizadas por esta dependencia al ejercicio fiscal del sexenio
anterior que concluyó en diciembre del 2016.
El funcionario informó que la STyRC resolvió
en definitiva el procedimiento de responsabilidades que inició en contra de
tres servidores públicos de la Secretaría de Administración y Finanzas, toda
vez, que estas personas se vieron involucrados en hechos en los que fue
alterada documentación oficial utilizada para solicitar al Sistema de
Administración Tributaria, la validación de los formatos INC-1 e INC-4, con la finalidad de obtener su devolución
mediante estímulos provenientes de las acciones de fiscalización concurrente,
generando un daño económico al Estado por la cantidad de 14 millones 284 mil
276 pesos.
Por tales motivos se impusieron las
siguientes sanciones: Al ex director de Fiscalización de la SAF, Jesús Alanís
Cháidez, se le impuso una sanción consistente en inhabilitación de 10 años para
desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público y sanción económica
por 21 millones 426 mil pesos, que corresponde al daño patrimonial y medio
tanto más del daño causado.
Al ex subsecretario de Ingresos de la SAF,
Clodomiro Espinoza García, se le impuso una sanción consistente en
inhabilitación de 3 años para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público y sanción
económica por 14 millones 284 mil 276 pesos más un peso, que corresponde al
daño patrimonial.
En tanto que ex director Política Tributaria
de la misma dependencia, Everardo Ayala López, se le impuso una sanción
consistente en inhabilitación de 10 años para desempeñar empleo, cargo o
comisión en el servicio público y sanción económica por 17 millones 855 mil
pesos, que corresponde al daño patrimonial y un cuarto del tanto más del daño
causado.
Aviña Martínez agregó que también se dictaron
similares resoluciones contra tres ex funcionarios de la Secretaría de Turismo,
por hechos vinculados a varios pagos por un importe de 8 millones 651 mil 798
pesos, para pagar a presuntos proveedores de campañas vacacionales denominadas
“CAMPAÑA DELTA VACATIONS 2016”, “CAMPAÑA CANWEST 2016” y “CAMPAÑA CONTINENTAL
AIRLINES”, sin documentos que justifiquen el pago realizado, así como la
omisión de proporcionar el contrato de prestación de servicios correspondiente
y el expediente que ampare la adjudicación.
Las sanciones a las que se hicieron
acreedores fueron las siguientes: Al
entonces secretario, Rafael Lizárraga Favela, y ahora subsecretario de Turismo
en la presente administración, se le impuso una suspensión consistente en la
pérdida temporal del empleo, cargo o comisión y de todos los derechos que
derivan del nombramiento por el término de 30 días naturales.
De igual manera, al ex secretario Técnico,
Luis Ángel Pineda Ochoa, se le impuso una sanción consistente en inhabilitación
de 8 años para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público y
sanción económica por 12 millones 977 mil 697 pesos, que corresponde al daño
patrimonial y medio tanto más del daño causado.
Y por último, al ex jefe de Departamento
Administrativo, Luis Martínez Romero, se le impuso una sanción consistente en
inhabilitación de 6 meses para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público.
Independientemente de estos seis casos
específicos, la Subsecretaría de Responsabilidades y Normatividad de la STyRC
tiene abiertos varios procesos más, que están en su etapa de aclaración.
CASO
16.9 MILLONES DE PESOS
En este caso, se notificó a 10 servidores
públicos de las Secretaría de Administración y Finanzas, y de la entonces
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, el procedimiento que marca la
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado
de Sinaloa, donde se les atribuyen, a los servidores públicos de la Secretaría
de Administración y Finanzas: Realizar un traspaso indebido por 16.9 millones
de pesos de una cuenta específica a una concentradora, no reintegrar a la
Federación 3 millones de pesos no ejercidos, y celebrar un contrato
modificatorio excediendo el 25 por ciento que permite la Ley con una afectación
de 79.4 millones de pesos.
A los servidores públicos de la entonces
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, se les atribuye haber
realizaron trabajos de obra en un predio sin derechos de propiedad por parte de
Gobierno del Estado, y la falta de reintegro a la Federación de recursos no
ejercidos por 3 millones 80 mil pesos.
El subsecretario precisó que en el mes de
agosto y en lo que va de este mes de septiembre, los presuntos responsables
presentaron su informe y acudieron las
audiencias de ley, por lo que actualmente está la fase de desahogo de pruebas.
CASO
FONDOS SUPERVISIÓN DE OBRA
En otro caso, Aviña Martínez informó que se
inició el procedimiento de responsabilidades administrativas en contra de dos
servidores públicos de la Secretaría de Administración y Finanzas, ya que
instruyeron y ejecutaron la trasferencia de recursos de una cuenta específica
de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas a otra cuenta
concentradora de la Secretaría de Administración y Finanzas, por un monto de
15.1 millones de pesos, que eran propios para la supervisión de las obras
púbicas. Los involucrados, ya rindieron su informe de contestación a los hechos
y comparecieron a la audiencia de ley los días 21 y 22 de septiembre del
presente año. El asunto actualmente se encuentra en su etapa probatoria.
CASO
SALDOS INICIALES
También se llamó a procedimiento a tres ex
servidores públicos de la Secretaría de Administración y Finanzas, quienes
participaron en la rendición de la cuenta 2016, que presentó información
financiera al 31 de diciembre de 2016, con disponibilidad financiera por 1,088
millones de pesos, no obstante sólo había saldos por 421 millones de pesos. El
plazo para rendir su informe concluye el 28 de septiembre y 3 de octubre. La
audiencia de ley tendrá verificativo los días 10, 11 y 12 de octubre.
COLABORACIÓN
SFP
Por otra parte, informó que se han celebrado
diversas reuniones de trabajo con autoridades de la Secretaría de la Función
Pública, mismas que fueron suspendidas por los hechos recientes acontecidos en
la Ciudad de México, en las que se analiza la posibilidad de coordinar diversas
acciones para la atención de algunos casos que pueden ser del orden federal y
que por ello, merezcan ser analizados por la instancia federal encargada de la
materia punitiva.
CASOS
CONVENIOS MODIFICATORIOS
El subsecretario de Responsabilidades y
Normatividad, dio a conocer que existe un proceso de notificación contra cuatro
ex servidores de la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
por hechos sobre 15 contratos de obra pública por 244 millones 098 mil 979
pesos, pues se encontró que se hicieron incrementos por 59.9 millones de pesos,
sin que se estableciera en las razones fundadas y explícitas, el catálogo de
conceptos de obra a desarrollar, las cantidades y precios unitarios que lo
conforman, nuevos plazos de ejecución, garantías por el incremento, necesarios
conforme a la ley para conocer dónde y cómo serán aplicados los conceptos de
obra nuevos.
Además, en convenios superiores al 25 por
ciento no se cuenta con la autorización de la Secretaría de la Función Pública,
ni con la disponibilidad presupuestaria; en seis casos, los dictámenes técnicos
fueron signados por una autoridad distinta al residente de la obra, que es el
formalmente competente. Este caso está en proceso de notificación del inicio de
procedimiento en contra los involucrados.
CASOS
CONVENIOS SAF
En otro de los casos, se concluyó con la
notificación de los procedimientos de responsabilidades contra ex servidores de
la SAF, por los siguientes hechos: Respecto hechos vinculados al cumplimiento
de un convenio con la SHCP por 200 millones de pesos, por realizar traspasos no
justificados de una cuenta específica del convenio a una cuenta concentradora por un monto de 105 millones
276 mil 195 pesos.
Además, por traspasos indebidos en otro
convenio de 258 millones de pesos para el equipamiento y acabados en la cuarta
etapa del Teatro de los Mochis, mecánica teatral, cristal templado, aire
acondicionado, baños presupuestados en 7 millones 158 mil 232 pesos, de los
cuales se regresaron 939 mil 886 pesos, quedando por comprobar 6 millones 208
mil 695 pesos, que no fueron reintegrados a la TESOFE.
CASO
165 MILLONES DE PESOS
Por otra parte, se tiene un procedimiento de
responsabilidades más relativo a hechos de otro convenio para construir la
segunda etapa de la Alberca Olímpica en Mazatlán y la ampliación del Hospital
General de Guasave (área de la Mujer), en la que se convino entregar a la
entidad federativa la cantidad de 165 millones 14 mil pesos, donde servidores
de la SAF hicieron traspasos indebidos a cuentas no autorizadas en el convenio
por 11 millones 30 mil pesos, de los cuales reintegró 4 millones 840 mil pesos,
quedando pendiente sin justificar un importe de 6 millones 190 mil pesos.
CASO
145 MILLONES
Por último, Aviña Martínez informó que con
relación al convenio celebrado por la cantidad de 145 millones de pesos, se
detectó un traspaso no justificado por la cantidad de 11 millones 880 mil
pesos, y se omitió reintegrar a la TESOFE 11 millones 900 mil pesos relativo a
recursos no ejercidos en el convenio.
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