El Congreso del Estado aprobó autorizar al Ayuntamiento de Mazatlán gestionar y contratar un crédito hasta por 40 millones de pesos, en el dictamen presentado por la Comisión de Hacienda Pública y Administración, sobre la iniciativa del ayuntamiento de Mazatlán, se considera que existen argumentos válidos y suficientes que sustentan la aprobación de la solicitud autorización para dicho empréstito, para destinarlos a la edificación y construcción de un Rastro municipal Tipo TIF sobre un terreno propiedad del mismo Ayuntamiento, y con ello obtener una mejor prestación del servicio de rastro en todo el municipio. Además se precisa, que con la construcción de este inmueble en Mazatlán, se contará con un establecimiento que reúna los requerimientos y especificaciones sanitarias requeridos por las autoridades de salud competentes que evite posibles epidemias sanitarias entre los consumidores de los productos ahí sacrificados.
Por otra parte, durante la sesión, el Pleno conoció el acuerdo presentado por los diputados del grupo parlamentario del PRI, en la que proponen que la LXII Legislatura lleve a cabo diversas actividades cívicas y culturales por la conmemoración del 95 Aniversario de la expedición de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.
Posteriormente, se le dio lectura a las iniciativas presentadas de manera individual por el diputado Roberto Cruz Castro (PAN) y Maribel Chollet Morán (PRI), para en ambos casos reformar el artículo 24 de la Constitución Política del Estado en lo relacionado a la elección de los diputados por el principio de representación proporcional, y que quienes ocupen dicho cargo sean los candidatos que obtuvieron la primera minoría durante la contienda electoral.
Más adelante, recibió primera lectura el dictamen que presentó la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernaciónsobre iniciativas que proponen reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana, la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Orgánica de la Administración Pública y la Ley de Gobierno Municipal, todas del Estado de Sinaloa, en materia de anticorrupción, y con las que se busca prever aspectos constitucionales como instituir el sistema local anticorrupción, así como las bases de coordinación entre el Estado y sus Municipios para el funcionamiento del mismo, conforme al marco que señala la ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y lo previsto en la que se propone, a fin de que las autoridades competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción, de servidores públicos y particulares.
Otro de los objetivos, es el de facultar al titular de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado, la designación y remoción de los titulares de los órganos internos de control de las dependencias que conforman la Administración Pública Estatal y Paraestatal, así como crear un órgano de coordinación de las instancias de control interno para materializar dicho objetivo.
Enseguida, los diputados conocieron el dictamen presentado por la Comisión de Equidad, Género y Familia, sobreiniciativas que proponen reformar y adicionar diversas disposiciones del Código de Procedimientos Familiares local, y que tiene por objeto fortalecer el derecho humano de los menores de edad a obtener su identidad y establecer si filiación, lo cual trae aparejado una pluralidad relevante de derechos, que en la interpretación del interés superior del menor de edad. El niño debe de reconocerse como un sujeto cuya protección debe de maximizarse sin anular su personalidad plena, puesto que es destinatario de un trato preferencial en razón de su carácter jurídico de sujeto de especial protección.
Otro dictamen que recibió primera lectura, fue el que presentó la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, sobre iniciativas que proponen reformar la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, en materia de anticorrupción, cuyos objetivos son la creación del Tribunal de Justicia Administrativa, instituido en el artículo 109 Bis de la Constitución Local y que formará parte del sistema estatal y municipal anticorrupción, dicho órgano conocerá y resolverá las controversias que se susciten en relación con la legalidad, interpretación, cumplimiento y efectos de actos, procedimientos y resoluciones de naturaleza administrativa y fiscal, que emitan, ordenen, ejecutan o traten de ejecutar las autoridades del Estado, de los Municipios, sus organismos descentralizados o cualquier persona o institución que funja como autoridad y cuya actuación afecte la esfera jurídicade los particulares. Además ejercerá sus funciones con una Sala Superior y mínimamente con tres Salas Regionales Unitarias.
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